Gobernando
a México desde la iniciativa de su población
Los 43 normalistas de
Ayotzinapa, fosas clandestinas, ciudadanos desaparecidos, privatización del
petróleo, la devaluación del peso. Son muchos los motivos que perturban la
tranquilidad de la ciudadanía mexicana y por los que, con todo su derecho, osan
de alzar la voz, hacer marchas, manifestaciones y en general, encuentran la
manera de dar conocer su descontento. Pero, ¿es suficiente para nosotros la
libertad de expresión a la que somos acreedores por el simple hecho de haber
nacido en este territorio, para hacer uso de dichas libertades? ¿No habría más
peso en nuestras exigencias al tener un historial ejemplar que respalde nuestra
integridad como ciudadanos?
En
la actualidad, los mexicanos somos capaces de hacer exigencias de gran peso a
nuestros gobernantes y representantes en general, lo que es completamente
válido y sobretodo necesario. Sin embargo, en el día a día, cuando somos
nosotros quienes debemos tomar el control de las distintas situaciones que se
nos presentan, no actuamos de forma ejemplar, tal como lo exigimos a los demás.
En otras palabras, si no somos capaces de recoger un papel tirado en nuestro
camino y simplemente nos pasamos de largo, si decidimos no detenernos para
cederle el paso a los transeúntes, si utilizamos los espacios para gente con
discapacidad a pesar de no tener alguna, si optamos por dar “mordida” en vez de
aceptar una multa consecuencia de nuestras faltas a la ley de tránsito,
¿estamos siendo personas éticas y congruentes que practican los conceptos que a
esta la definen tal como la universalidad, racionalismo e imparcialidad? ¿Es
ético que exijamos ser representados por personas con una moral que nosotros no
profesamos? "La revolución es algo que se lleva en el alma, no en la boca
para vivir de ella"(Ernesto Guevara).
El
sistema político en México representa el desarrollo y evolución de su sociedad,
conforme el transcurso de la historia, nuestro país pasó de ser revolucionario
y nacionalista a uno democrático y liberal en la medida en que su población se
fue dando a la tarea de exigir se respetara su rol y derechos como ciudadanos
hasta lograr la inclusión social y receptividad de distintas opiniones como lo
es la competencia electoral. Los miembros de una sociedad viven en un estado de
derecho cuando todas sus acciones se rigen por la legalidad, en este, la
política existe bajo la condición de elecciones libres y transparentes y el
derecho a la protesta de una ciudadanía (IFE, 2014). Sin embargo, hay un
importante porcentaje de ciudadanos que se da la libertad de criticar y
quejarse de sus representantes a pesar de no haber cumplido con su obligación
como ciudadanos de votar para elegir a quienes los representen, mientras que,
por otro lado, se encuentran quienes se dieron a la tarea de ir a anular su
voto, sin saber si quiera que esto únicamente infla más la diferencia de
porcentajes favoreciendo así a los partidos mayores. En otras palabras “anular
es votar”, un voto al aire que beneficia partidos a los cuales nosotros no
hubiéramos querido beneficiar. En este caso, el voto nulo, más que un medio de
protesta, representa la irresponsabilidad e ignorancia de quienes lo practican,
lo cual no los exime de su responsabilidad moral al respecto ya que, para que
alguien sea eximido de una responsabilidad de algo que ignora “es preciso
agregar que no solo no lo sabía, sino que no podía ni estaba obligado a
saberlo” (Sánchez, 2006, pág. 95).
Tomando
como ejemplo el porcentaje de votos obtenidos a nivel nacional en las pasadas
votaciones para diputados federales, y el hecho de que solo hubo un 47% de
participación ciudadana, del cual el 5% pertenece a votos anulados, porcentaje
de votos mayor al obtenido por partidos como PT, MORENA, Movimiento Ciudadano,
Nueva Alianza, Encuentro Social y Partido Humanista, siendo el PRI el partido
que recibió más votos, con un 29% de la participación total (INE, 2015).
Logramos destacar la falta de iniciativa y participación por parte de la
ciudadanía, lo cual se ve directamente reflejado en el rumbo del país, ya que esto trae consigo consecuencias como el
posicionamiento de representantes no adecuados en puestos de gobierno y por lo
tanto la posible toma de decisiones perjudiciales para la población mexicana. Además,
de que la moralidad de la ciudadanía se ve perjudicada al no estar siendo
congruentes en su proceder.
La
democracia supone al menos tres elementos: protección, inclusión y calidad
(Díaz, 2003). Sin embargo, el ser nombrado un país democrático no convierte a
México en uno verdaderamente ejemplar, ya que se sigue dando lugar a prácticas
ilegales y de corrupción por parte de los mismos representantes, y esto, por
supuesto no deja de ser el reflejo de las decisiones y acciones de su sociedad
ya que por medio de estas, la población mexicana da lugar a la falta de
equidad, oportunidades, transparencia e inclusión social, al desentenderse de
las decisiones de nuestros representantes, no estar informados y no
involucrarse en los problemas del país. Es fundamental entender que nosotros
somos la base y sustento de nuestro gobierno, y es de ahí de donde se debe
partir para lograr vivir en un verdadero estado de derecho.
Apegándonos
a la teoría aristotélica, cada individuo dentro de una sociedad, debería tener
la firme convicción de convertirse en una persona virtuosa, esto, mediante la
generación de hábitos producto de la práctica repetitiva de acciones de bien,
acciones que nos enriquezcan y hagan crecer como personas y que como
consecuencia nos conducirán hacia un objetivo final que todos tenemos en común,
la felicidad (Cortina, 1996).
Para esto, podríamos empezar por hacer uso del poder de proceder que se tiene,
para no dar cabida a la corrupción y erradicar la injusticia, por ejemplo, si
actuamos de acuerdo a la ley, los tránsitos y policías no tendrán manera de
abusar de su poder sobre nosotros ya que, si la corrupción existe es porque la
población lo permite “la corrupción es entonces, un vicio, un abuso, una mala
costumbre en el manejo de la cosa pública pero no es un problema exclusivo de
los gobiernos ni de los organismos de control y vigilancia del Estado. Es un
problema de todos y, como tal, así lo debemos asumir” (Gómez, 2003, pág. 142). Lo
anterior, tal como lo respaldan los datos del Índice Nacional de Corrupción y
Buen Gobierno donde se destaca el que “en promedio, los hogares mexicanos
destinan 14% de su ingreso a este rubro” (INCBG, 2010). Este tema, no puede
dejar de ser abordado mediante la ética y moral, la primera como “un telón
valorativo que nos permite autorregularnos para saber,
comparativamente y desde la construcción social y cultural que se tenga en un
momento histórico específico, qué puedo hacer y qué me está prohibido hacer” y
la segunda materializando el significado de la ética desde su práctica. (Gómez,
2003, pág. 143). Por otro lado, esta situación no deslinda
de responsabilidades a quienes, desde puestos políticos hacen un mal manejo de
la autoridad, esto debido a que, por un
lado, ellos son tan ciudadanos mexicanos como el resto de la población y por
otro, si ocupan dichos puestos es para representar al resto de la sociedad
tomando decisiones para el bien de todos. Son los gobernantes, y
funcionarios públicos en general quienes se han posicionado para predicar con
el ejemplo, para hacer valer los derechos de sus gobernados y para guiarnos
hacia un país ético, que nos inculque la capacidad moral de ser congruentes,
justos e imparciales bajo cualquier situación y con cualquier individuo. Es el
gobierno quien, por medio de sus funcionarios individualistas ha provocado
grandes masacres y catástrofes antropológicas que perjudican al país entero, y
sobre todo, son los gobernantes, quienes, en muchas ocasiones han llegado a sus
puestos en gran medida a base de mentiras y propuestas falsas, prometiendo
programas sociales que terminan siendo limitados mientras sus sueldos se
inflan.
En base a lo anterior, podemos
concluir que como ciudadanos, muchas veces esperamos que sean nuestros
gobernantes quienes, por medio de su poder, remienden los actos que
consideramos ellos mismos han causado, teniendo así un gobierno ideal, sin
embargo, no nos damos cuenta, que dicho gobierno se empezará a
forjar a partir de nuestros propios actos, aprovechando “la oportunidad de
contribuir a la vida pública de nuestra comunidad a través de la participación”
(García y Lukes, 1999).
Referencias básicas
Cortina, A. (1996). Ética. La vida moral y la
reflexión ética. Madrid: Santillana.
Díaz
Gómez, Álvaro. (2003). Ética y
corrupción. Lo público y la democracia. Toluca: México. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10503107
Echavarría
Grajales, Carlos Valerio; Otálora Buitrago; Álvarez Rincón. (2008). Perspectiva ético-política del ser
ciudadano: una mirada desde los jóvenes. Bogotá: Colombia. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=359633163007
Reyes
García, Luis. (2013). La ciudadanía en
México. Un breve recuento histórico. Polis: Investigación y Análisis
Sociopolítico y Psicosocial, Julio-Diciembre, 113-149. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72630717005
Sánchez, V. (2006). Responsabilidad moral, determinismo y libertad. México.
Serrano
Rodríguez, Azucena. (2015). La
participación ciudadana en México. Distrito Federal: México. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426439555004
Tapia
Tovar, Evangelina. (2011). La corrupción
a la luz de los dichos y refranes. Zamora: México. Recuperado de http://www.redalyc.org/
Referencias
complementarias
Índice de Corrupción y Buen Gobierno, Transparencia
mexicana. (2010). Recuperado de http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/
Instituto Nacional Electoral, Programa De
Resultados Electorales Preliminares. (2015). Recuperado de
http://prep2015.ine.mx/Nacional/VotosPorPartido/
